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Una ley que busca proteger a las víctimas de suplantación de identidad o clonación de sus tarjetas de crédito o productos financieros, que sin saberlo terminan con deudas, muchas veces impagables, fue aprobada en el Senado de la República.

Desde noviembre de 2021 cerca de 13.500 colombianos se enteraron de tener obligaciones financieras o deudores de importantes sumas de dinero, porque sin saberlo se habían convertido en compradores de electrodomésticos, telefonía móvil o compras a través de medios digitales, sin haber realizado transacción alguna y además, han tenido que demostrar su inocencia.

Pues bien, la nueva ley obliga a todas estas empresas que a través del comercio digital, deberán realizar dos tareas urgentes para reducir el creciente número de transacciones electrónicas, por una parte deberán desarrollar sistemas de seguridad que les permitan cerciorarse de que quien está realizando una compra o está solicitando un crédito, es realmente el propietario de la tarjeta de crédito, la cuenta bancaria o de la cédula de ciudadanía.

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Además, una vez sea reportada por la víctima cualquier tipo de irregularidad, deberán ser los responsables de demostrar que a quien le están cobrando sea realmente la persona que les hizo la compra de la mercancía o tomo un servicio, porque hasta hoy las víctimas de suplantación no solo eran blanco de delincuentes sino que, además, deben demostrar que no son los responsables de la adquisición por la que les están cobrando.

“A partir de esta ley un ciudadano que es víctima de suplantación de identidad, con una deuda producto de este tipo de delito, una vez se enteré, porque muchos se enteran cuando ya les están cobrando o están reportadas en data crédito, debe llamar a la entidad que le cobra para que es una deuda que no conocía y que, por lo tanto es producto de algún tipo de fraude, la compañía automáticamente tiene que suspender cualquier cobro, además que ayudar al esclarecimiento del ilícito”, explica el Representante a la Cámara Duvalier Sánchez, autor de la iniciativa aprobada en el Senado.

De acuerdo con la Dijin de la Policía, las denuncias por el delito de suplantación de identidad en transacciones electrónicas o digitales han crecido por encima del 400 por ciento en el último año y según estadísticas de Asobancaria, el gremio de los bancos, anualmente 40 mil personas son víctimas de este tipo de fraude.

Sin embargo, como lo explica el Representante Sánchez: “este tipo de empresas son poco solidarias con las personas que han sido víctimas y solo se preocupaban porque les pagaran la deuda, ya no será más así, con la ley se reconoce al ciudadano como víctima y le genera una protección ante la compañía de telecomunicaciones, entidad financiera, la empresa de ventas por catálogo, que son las primeras que deben prevenir este tipo de delito, es que no están haciendo nada por mejorar los canales de autenticación, de verificación de la identidad, o sea, cualquiera coge una cédula y empieza a sacar créditos y uno termina por allá endeudado y el banco dice ah no, yo no sé, páguenos porque si no lo reporto. Que se pongan serias, que inviertan en tecnología y seguridad digital, ahora son las que tienen la carga de la prueba, demostrar que a quien le están cobrando es realmente la persona que les compró”.

Pero quienes sean víctimas de suplantación de identidad o clonación de sus productos financieros también se obligan a reportar ante las entidades y denunciar ante la justicia el delito de que son objeto, si en máximo 20 días no han denunciado se reactivan los cobros y deberán pagar la totalidad de la deuda.

El mensaje, insiste el congresista vallecaucano es: “si es fraude, no se paga. Si es una deuda derivada de suplantación de identidad, no se paga”.

También, lamentó la actitud de los gremios que representan a estas empresas y recordó: “Asomovil, Asobancaria y empresas financieras de crédito rápido no querían tener la carga de la prueba, hoy el ciudadano es quien debe demostrar que no es la persona que adquirió la deuda, tiene que demostrar su inocencia, con esta ley la obligación le queda a las compañías, es la compañía la que tiene las herramientas, el personal humano, los ingenieros de software, los ingenieros de sistemas que son los que pueden demostrar desde qué IP se hizo esa vulneración, no el ciudadano que al final de cuentas es la víctima”.

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