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Lo que pagas en las terrazas de los bares y restaurantes va a cambiar por completo. Pero no solo en estos dos establecimientos, ya que también veremos cómo el precio final cambia en la cesta de la compra, y tendremos que hacer una mejor gestión de los residuos domésticos.

El Gobierno de España ya ha anunciado de manera oficial la implantación de un mecanismo recaudatorio que hará que los ciudadanos tengan que cambiar sus hábitos, sobre todo en materia de reciclaje, afectando al consumo envasado.

La medida que entrará en vigor este mismo año no es un impuesto como tal, sino una herramienta para motivar el reciclaje.

Fecha y cantidad del recargo

La implementación de este nuevo marco regulatorio ya está fijada en el calendario. A partir del próximo mes de noviembre de este año, comenzará a aplicarse de forma estricta en todo el territorio nacional un sistema que obligará a bares, restaurantes, tiendas de conveniencia y supermercados a cobrar un suplemento extra por cada botella o lata que vendan al público. El importe de este recargo se situará, por lo general, en los 10 céntimos de euro por envase.

Es de vital importancia que el consumidor comprenda que no se trata de un cargo adicional impositivo ni de un incremento del margen de beneficio para el hostelero. Realmente, se trata de un dinero que paga el ciudadano y queda retenido a modo de depósito, hasta que retorne el envase vacío tras haber consumido su contenido. De esta manera, España se pone a la cabeza de la vanguardia en materia de sostenibilidad, adoptando un modelo que ya funciona con éxito en países como Alemania, Dinamarca o Portugal.

¿A qué envases afecta?

Este cambio normativo responde a la implantación obligatoria del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), con la finalidad de elevar las tasas de reciclaje de plástico de un solo uso en España. Según los datos oficiales de la administración del Estado, durante el año 2023 la recogida selectiva de estos residuos apenas alcanzó el 41,3 %, un porcentaje que sitúa al país muy lejos del 70 % exigido por las directrices de la Unión Europea. Ante el riesgo inminente de sufrir severas sanciones económicas desde Bruselas por incumplimiento reiterado, el Ministerio para la Transición Ecológica ha acelerado la transición hacia este modelo de reciclaje forzoso, rechazando las peticiones de moratoria solicitadas por los fabricantes y distribuidores del sector.