El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Reglamento del Servicio Universal de telecomunicaciones, que abre las tarifas asequibles a todas las familias que cobran el Ingreso Mínimo Vital. Si su operador no tiene una tarifa de ese tipo, deberá aplicar un 25% de descuento sobre el precio medio de mercado que fije la CNMC.
El Servicio Universal es la red de seguridad de las telecomunicaciones. Garantiza un teléfono fijo y una conexión a Internet a cualquier persona, viva donde viva, con independencia de su renta. Hasta ahora esa obligación recaía en un único operador designado, Telefónica, que la ha cubierto durante décadas con el Abono Social, la tarifa reducida para hogares con pocos recursos. El reglamento cambió el modelo recientemente y reparte la carga entre todas las compañías del sector.
En esta ocasión, la novedad no está en la velocidad sino en quién puede acogerse al precio rebajado. El texto amplía el colectivo a todas las unidades de convivencia perceptoras del Ingreso Mínimo Vital, no solo a la persona que figura como titular. El Ministerio calcula que la medida alcanzará a 2,4 millones de personas y a cerca de 800.000 hogares, como ha explicado en su propia página web. Y fija una regla que obliga a los operadores a moverse aunque no tengan una tarifa propia.

La clave está en cómo se calcula el descuento. El 25% no se aplica sobre la factura que paga el cliente, sino sobre el precio medio de mercado que determine la CNMC cada año. Es decir, el regulador publica una referencia y el operador debe quedar por debajo de ella con ese margen. Si la compañía ya dispone de una tarifa asequible conforme a esos parámetros, cumple sin necesidad de aplicar el porcentaje sobre el resto de su catálogo. En caso contrario, tendrá que aplicar dicho descuento.
Conviene tener en cuenta que la norma no fija un precio único. Deja que la CNMC marque los parámetros anuales y que cada operador diseñe su oferta dentro de ese marco. La compañía que no diseñe esa tarifa tendrá que aplicar el descuento sobre la referencia del regulador. Dos ofertas pueden cumplir la misma regla y no costar lo mismo al cliente. Para el usuario, la comparación sigue siendo necesaria aunque el descuento esté garantizado por ley.
Un cambio muy importante tiene que ver con la velocidad. La velocidad garantizada para la conexión fija pasa a 100 Mbps, un umbral que se adapta al despliegue de fibra de los últimos años y que supone un importante punto de inflexión. Además, el Servicio Universal deja de ser exclusivo de los consumidores particulares y se extiende a microempresas, pymes y organizaciones sin ánimo de lucro. Son colectivos que hasta ahora quedaban fuera de esta protección, pensada en origen solo para los hogares.
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Author: Carlos Zapatero
17 noviembre, 2026